Hostelería y Comercio van a ser los sectores empresariales que se van a poner bajo la lupa de la Inspección de Trabajo de las islas en sus actuaciones contra la economía irregular previstas para 2015, según se anunció ayer desde este organismo y desde la conselleria de Economía, durante la reunión mantenida con patronales y sindicatos. Otro dato se puso sobre la mesa: durante los diez primeros meses de este año se han abierto en el archipiélago 2.005 actas de infracción vinculadas a la economía sumergida, por un valor de 7,9 millones de euros.
Esta información fue facilitada durante la reunión de la comisión tripartita sobre inspección laboral celebrada el pasado mes de noviembre, en la que además de dar datos sobre las actuaciones desarrolladas durante los diez primeros meses de este ejercicio, se avanzó la propuesta de las campañas de control que se van a ejecutar en 2015.
Respecto a la vigilancia que se va a desarrollar durante el próximo ejercicio, está previsto que se lleven a cabo 19.481 inspecciones, 1.032 más que las fijadas para este año. De éstas, en la lucha contra la economía irregular se desarrollarán a lo largo del año que viene 7.776 actuaciones de inspección, de las que 4.810 serán de carácter planificado. Y en este apartado destaca el peso de la hostelería, principal motor económico de las islas y en el que se han detectado importantes irregularidades en veranos anteriores, como en el caso de la utilización de becarios. Este sector va a concentrar 2.000 de esas inspecciones.
Balance de 2014
Por lo que respecta a la labor desarrollada por la Inspección de Trabajo durante los 10 primeros meses de este año, se han llevado a cabo 16.368 inspecciones.
Gracias a estas actuaciones se han abierto los 2.005 expedientes sancionadores antes señalados en materia de Economía Irregular, Seguridad Social y Trabajo de Extranjeros, con propuestas de sanción por un valor global de 7,9 millones de euros.
En el capítulo de prevención de riesgos laborales, los expedientes sancionadores abiertos en esos diez meses ascienden a 284, con multas por un importe global de 1,5 millones de euros.
